El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que transpone la Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 16 de noviembre. El texto regula aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y a todos los usos del dominio público radioeléctrico, entre otros aspectos.
La Ley General de Telecomunicaciones es una de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar la modernización y digitalización de España y su tejido empresarial. En concreto, forma parte del componente ‘Conectividad digital, impulso ciberseguridad y despliegue 5G’, que prevé la inversión de 4.000 millones de euros de fondos públicos para extender la conectividad al 100% de la población, impulsar el desarrollo del 5G e impulsar el ecosistema de ciberseguridad.
El proyecto de ley incorpora nuevas medidas con el fin de incentivar e impulsar aún más las inversiones del sector de las telecomunicaciones, para alcanzar el objetivo de conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la población en 2025.
El texto introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad, así como una regulación más flexible para alcanzar acuerdos de coinversión entre operadores y un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas. También incorpora el establecimiento de compromisos voluntarios de acceso, la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells), necesarias para el 5G, con muchas menos cargas administrativas, y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.
Adicionalmente, se han incorporado en el proyecto de ley las medidas de la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea recientemente adoptada. Esto impulsará la coordinación entre administraciones, estableciendo un punto único para la información y tramitación de permisos para el despliegue de redes, lo que agilizará su implantación. Además, se establece un régimen de comunicación para los puntos de intercambio de internet (IXP) y se podrá recabar información de los centros de proceso de datos (CPD).
Derechos de los usuarios y clasificación de proveedores de servicios
Por otro lado, el proyecto de ley establece una clasificación de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas más adecuada a la realidad del mercado, regulando los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración. Estos servicios asumen obligaciones como la comunicación previa al Registro de operadores, a efectos estadísticos y censales. Asimismo, deberán garantizar la integridad y seguridad de sus servicios y tendrán que incrementar la transparencia hacia los usuarios sobre las condiciones en las que prestan sus servicios.
Los derechos de los usuarios se refuerzan mediante una mejora de la transparencia de los contratos, que deberán incluir las condiciones detalladas en un resumen con carácter previo a la contratación. Su duración máxima se limita a 24 meses para permitir que, tras ese período, el usuario pueda prorrogar el contrato o cambiar de operador sin penalización, y se regulan los contratos de paquetes de servicios. También se refuerzan los derechos de los usuarios con diversidad sensorial, introduciendo la obligación de accesibilidad en la información relativa a los contratos y acceso.