La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación revisada sobre ayudas estatales para redes de banda ancha (directrices de banda ancha). Las directrices sobre banda ancha revisadas establecen las normas con arreglo a las cuales la Comisión Europea evaluará las medidas de ayuda estatal notificadas por los Estados miembros para apoyar el despliegue y la adopción de redes de banda ancha en la UE.
Las nuevas reglas incluidas en las directrices de banda ancha contribuirán a los objetivos estratégicos de la UE de garantizar la conectividad gigabit para todos y la cobertura 5G en todas partes para el final de la década, con el fin de lograr la transición digital de la Unión Europea. Las nuevas directrices entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, prevista para enero de 2023.
Las directrices de banda ancha revisadas proporcionarán un marco actualizado para apoyar la transición digital y reflejar los desarrollos tecnológicos, regulatorios y de mercado. Además, las nuevas reglas reflejan las prioridades políticas actuales de la UE tal como se establece en la Comunicación Gigabit Society, la Comunicación Shaping Europe’s Digital Future, la Comunicación Digital Compass, así como el Programa de Políticas de la Década Digital recientemente adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.
Inversiones en las redes fijas y móviles
La Comisión Europea ha revisado varias directrices, como la alineación del umbral de apoyo público a las redes fijas con los últimos avances tecnológicos y de mercado. Los Estados miembros podrán invertir en áreas en las que el mercado no proporciona a los usuarios finales una velocidad de descarga de al menos 1 Gbps y una velocidad de carga de al menos 150 Mbps, ni es probable que lo haga.
Cualquier inversión del Estado deberá al menos triplicar la velocidad de descarga disponible y, en áreas competitivas, proporcionar velocidades de descarga de al menos 1 Gbps y 150 Mbps de carga.
Otra directriz revisada es la introducción de un nuevo marco de evaluación para el despliegue de las redes móviles, incluidas las 5G, para que los Estados miembros puedan respaldar dichas redes cuando la inversión no la habrían realizado de otro modo los operadores privados y no está garantizada por otras medidas, como las obligaciones de cobertura asociadas al uso de parte del espectro radioeléctrico.
También se ha revisado la explicación de cómo se puede utilizar el apoyo público para incentivar la aceptación de los servicios de banda ancha. En este aspecto, las directrices detallan los criterios de compatibilidad de los bonos sociales y de conectividad para incentivar a los consumidores y las empresas a utilizar los servicios de banda ancha.
Reducción de trámites y mayor orientación en conceptos claves
Asimismo, se ha simplificado ciertas reglas para facilitar la aplicación práctica de las directrices y reducir los trámites burocráticos para las empresas y las autoridades públicas. Por ejemplo, las directrices revisadas permiten a los Estados miembros exigir a los operadores que proporcionen el conjunto más apropiado de productos de acceso mayorista en función de la situación competitiva en un área determinada y la demanda de productos específicos. Esto reducirá los costos de dichos productos, al tiempo que preservará la competencia y evitará los efectos de bloqueo.
También se ha aclarado y proporcionado más orientación sobre determinados conceptos claves importantes para la evaluación de las ayudas estatales que lleva a cabo la Comisión Europea, como la cartografía, las consultas públicas, el procedimiento de selección, los precios de acceso mayorista y los mecanismos de recuperación.
Por último, esta revisión ha actualizado los criterios utilizados para sopesar el impacto positivo de la ayuda frente a sus efectos negativos sobre la competencia y el comercio. La evaluación tendrá en cuenta diferentes efectos posibles, como la contribución a los objetivos de transición verde y digital de la UE.