El Parlamento Europeo aprueba la nueva ley enfocada a la accesibilidad en los edificios

La nueva ley del Parlamento Europeo se centrará en mejorar los servicios de los edificios para garantizar la accesibilidad de las personas mayores o discapacitadas.

El Parlamento Europeo aprobó el 13 de marzo una nueva ley europea de accesibilidad para conseguir que las personas mayores o con discapacidad tengan más accesibles determinados servicios en los que se incorporan mejores accesos en las instalaciones, además de la implementación de nuevas tecnologías en los cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes o máquinas de facturación. Esta ley obtuvo 613 votos a favor, 23 en contra y 36 abstenciones.

La nueva ley del Parlamento Europeo se centrará en mejorar los servicios de los edificios para garantizar la accesibilidad de las personas mayores o discapacitadas.

El texto indica qué bienes y servicios deben ser más accesibles, sin imponer el tipo de soluciones técnicas que hay que aplicar, lo que ofrece margen a la innovación, que permitirá mejorar la vida cotidiana de las personas.

Dentro de los puntos que se desarrollan, se hace hincapié en elementos de edificios como las rampas, puertas, baños públicos y escaleras, al tiempo que se insta a los Estados miembros a promover la estandarización de sus exigencias en lo referente a este ámbito.

Accesibilidad en las instalaciones

El tema de la accesibilidad de las personas mayores y con discapacidad no solo se ha quedado enfocado en los edificios sino también en los bienes y servicios. Los sectores seleccionados para que se establezcan los requisitos marcados por la ley son los ordenadores y sistemas operativos, los teléfonos móviles, tabletas y televisores; los servicios bancarios; el ocio como libros digitales, así como los programas asociados; o el comercio electrónico, servicios de transporte aéreo, ferroviario, marítimo y por carretera, incluida la información en tiempo real.

Esta ley se aplicará en todas las empresas de estos sectores, a excepción de las microempresas que quedarán exentas de algunas obligaciones.

La propuesta de directiva entrará en vigor una vez que haya sido aprobado formalmente por el Consejo de Ministros y publicada en el Diario Oficial de la Unión. Los estados miembros tendrán tres años para adaptar su legislación nacional, y seis años para aplicar los cambios, aunque se contemplan periodos transitorios para casos especiales.

 
 
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