Conscientes de la importancia nuclear que el despliegue de infraestructuras de banda ancha ultrarrápida tiene para mejorar la competitividad del país, su productividad y fomentar la creación de empleo, el COIT ha analizado los planes de despliegue de banda ancha de los países de su entorno y de los mejor posicionados a nivel mundial, extrayendo las buenas prácticas de cada plan de despliegue.
Sobre esa base, el COIT plantea la necesidad de poner en marcha un Plan de Banda Ancha Ultrarrápida para España planteado y orquestado por la Administración Central, con la colaboración y el consenso de las Comunidades Autónomas y en coordinación con los agentes privados, para garantizar la necesaria inversión. Adicionalmente se deben promover medidas que remuevan las barreras que provoca la dispersión regulatoria y administrativa de España que actualmente suponen un factor que puede detraer las inversiones de los operadores.
El Plan deberá priorizar la extensión de infraestructuras de banda ancha ultrarrápida en puntos estratégicos como centros educativos, hospitales, sedes de administraciones públicas, sedes judiciales y zonas de interés industrial y turístico y deberá cubrir acciones que abarquen la red desde su núcleo hasta la conexión final del usuario, para lo que se propone acompasar el proceso con la puesta en marcha de un Plan Renove de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) para viviendas aún no actualizadas a la nueva normativa sobre ICT.
Además el COIT recomienda que el Plan se articule sobre el principio de neutralidad tecnológica, adoptando las decisiones en función de capacidad y no de la tecnología que pueda proveerla y dando prioridad a las infraestructuras escalables, que permitan una evolución ajustada a los crecientes requerimientos de banda ancha. Además el informe insiste en la importancia de involucrar en el proceso a los operadores de otras infraestructuras básicas como los transportes, el agua, la electricidad o el gas, para aprovechar las sinergias y minimizar costes.
Para los ingenieros de telecomunicación la Administración debe actuar como tractora del proceso de despliegue de redes de banda ancha ultrarrápida, promoviendo los servicios de eAdministración y acompasándolos con un ambicioso plan de alfabetización digital en el que, a través de acciones focalizadas, se incida en el despegue del comercio electrónico, el ocio digital o los nuevos modelos de trabajo como el cloud computing en el entorno de las PYMES.
Eugenio Fontán Oñate, Decano Presidente del COIT, declaró que: “es probable que si no se acomete un Plan de estas características España tenga dificultades para alcanzar los objetivos planteados por la Agenda Digital Europea”. Y añadió “En España tenemos un referente de éxito claro muy reciente: el Plan de Transición a la TDT, en el que los ingenieros de telecomunicación tuvimos un importante protagonismo y que puede ser el mejor ejemplo de los éxitos que pueden derivarse de una acción coordinada a nivel estatal”. El Decano-Presidente del COIT ha puesto a la institución al servicio de la Administración para este fin: “ponemos nuestro saber técnico al servicio de este proceso que consideramos crucial para el progreso del país.”
El informe ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de Políticas Públicas y Regulación del COIT, creado en junio de este año, sobre la base del análisis de los planes de Banda Ancha de catorce países que han puesto en marcha estrategias de notoriedad por sus objetivos, forma de implementación o grado de avance alcanzado (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Singapur, Estados Unidos y Brasil). Este es el segundo informe del Grupo de Trabajo, creado en junio de 2011, tras el “Informe sobre fiscalidad del sector de las telecomunicaciones” presentado en octubre.
Síntesis de las Recomendaciónes
- Una estrategia de ámbito nacional, lo que propiciará un Plan más efectivo, al permitir a las operadoras concentrarse en desarrollar servicios sobre las infraestructuras, sin necesidad de destinar esfuerzos a adaptarse a diferentes modelos territoriales. Un Plan al que deben convocarse al consenso por tanto a Administración central, autonómica y local, así como a los diferentes ministerios con competencias, a los reguladores sectoriales (CMT) y de competencia (CNC) y a todos los agentes privados (operadores de telecomunicación e infraestructuras, proveedores de servicios, instaladores, asociaciones, colegios profesionales, etc. ), para garantizar la inversión.
- Un Plan liderado por la Administración Central, con el consenso de las Comunidades Autónomas, tomando como referencia el exitoso Plan de Transición a la TDT. La Administración Central debería definir el Plan y coordinarlo promoviendo la necesaria colaboración público-privada. Además debe constituirse en principal demandante de los servicios que se prestan a través de las infraestructuras de nueva generación.
- Priorizar la inversión de infraestructuras sobre puntos estratégicos para el país entorno a tres ejes: zonas de impacto social (centros educativos, hospitales, bibliotecas), zonas de impacto institucional (sedes de administraciones públicas, sedes judiciales, etc.) y zonas de impacto económico (polígonos industriales, centros turísticos).
- Plena colaboración público-privada, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. La colaboración que debe ir más allá de la mera subvención e involucrarse en la colaboración contractual e institucional, con implicación de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, con especial énfasis en las áreas con una densidad de población media-baja, donde existe un mayor riesgo de brecha digital. Será preciso poner en marcha procesos de licitación transparentes y abiertos que garanticen el acceso abierto y no discriminatorio a todos los operadores y prestadores de servicios.
- Para que el Plan se diseñe de forma integral y eficiente debe considerar los criterios de:
- Neutralidad tecnológica: no priorizar ninguna opción tecnológica concreta. La capilaridad de la red ha de conseguirse a través de accesos fijos e inalámbricos (fibra óptica, coaxial, móviles de cuarta generación LTE, etc.). Los objetivos han de plantearse en términos de capacidad y no de tecnología.
- La red de transporte ha de incrementar su capacidad para soportar las conexiones. El plan deberá contemplar un apartado específico para incrementar la capacidad a este nivel.
- Escalabilidad de las infraestructuras: Las necesidades de banda ancha seguirán incrementándose, así que es crucial diseñar infraestructuras que puedan escalarse de forma sencilla sin que tengan que ser sustituidas completamente porque queden obsoletas.
- Reducción de trámites administrativos: la dispersión administrativa y regulatoria de España no debe ser un obstáculo para el desarrollo de las redes de telecomunicación, ni motivo de retraso o detraimiento de las inversiones por parte de los operadores, por ello se hace preciso diseñar actuaciones que remuevan estas barreras para favorecer un marco estable a la inversión y garanticen el derecho de ocupación de los operadores.
- Involucrar a los operadores de otras infraestructuras: se debe incluir los despliegues de telecomunicaciones en aquellas infraestructuras de transporte de ámbito estatal y autonómico, coordinar el trabajo de los operadores de telecomunicación con el de otros operadores de infraestructuras esenciales (agua, electricidad, gas).
- Se debe aprobar un Plan Renove de ICT coordinado con los planes de despliegue de las nuevas redes, que permita la actualización de las viviendas que no disponen de esta infraestructura, reduciendo considerablemente los elevados costes de realizar estas necesarias actualizaciones de forma independiente al Plan de Banda Ancha. El Plan Renove ha de ser igualmente tecnológicamente neutral.
- Incluir un ambicioso Plan de alfabetización digital y capacitación TIC, que incluya acciones focalizadas hacia ámbitos concretos, no genéricos. Se sugiere la formación TIC en PYMES, el fomento del comercio electrónico, el fomento de nuevos modelos de trabajo (cloud computing) o el fomento del ocio y entretenimiento digital. Apartados que pueden abrir al usuario al uso más intensivo de las redes.
- Fomento de los servicios de Administración electrónica, como “tractora” del uso generalizado de las herramientas de la Sociedad de la Información. Esta medida implicaría ampliar de forma considerable el número de servicios que la Administración provee a los ciudadanos a través de la Red, con especial énfasis en las Administraciones locales o de cercanía, que muestran actualmente un menor y desigual desarrollo en la prestación de esos servicios.