La Comisión Europea ha lanzado una consulta específica para recopilar evidencias y mejores prácticas que sirvan para orientar la implementación del artículo 3 de la Ley de Infraestructura Gigabit. Hasta el 17 de septiembre de 2025, podrán enviar sus contribuciones las autoridades reguladoras nacionales, los organismos de resolución de disputas (DSB, por sus siglas en inglés), operadores de redes, proveedores de servicios, asociaciones del sector y ciudadanos interesados.
La Ley de infraestructura gigabit busca facilitar el despliegue rentable y oportuno de redes de muy alta capacidad en la Unión Europea para cubrir las crecientes necesidades de conectividad de ciudadanía y empresas. Así, promueve el uso conjunto de la infraestructura física existente y una extensión eficiente de nueva infraestructura.
En concreto, el artículo 3 aborda el acceso a la infraestructura física existente, propiedad de operadores de redes, organismos del sector público y propietarios de edificios comerciales privados, o controlada por ellos; así como el acceso a terreno de las personas jurídicas como arrendatarios de tierras o titulares de derechos, distintos de los derechos de propiedad.
Guía para la aplicación de la Ley de Infraestructura Gigabit
Este apartado faculta a la Comisión Europea, en colaboración con el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC), para proporcionar orientaciones sobre su aplicación, previa consulta a las partes interesadas y teniendo en cuenta los principios y la situación de los Estados miembros.
Estas orientaciones pueden incluir la aplicación de condiciones justas y razonables para el acceso a la infraestructura física, tener en cuenta las características de los operadores de red y su modelo de negocio, los principios consolidados y las normas de procedimiento de los organismos nacionales de resolución de litigios.
El objetivo es facilitar el acceso, basándose en la Ley de infraestructura gigabit, a los acuerdos de infraestructura física entre las partes interesadas. La guía también puede resultar de utilidad para los DSB, al emitir decisiones vinculantes para resolver desavenencias; y usarse para fundamentar la propuesta de Ley de Redes Digitales. Los interesados en participar en la consulta sobre el artículo 3 pueden enviar sus comentarios a través de este enlace.