Telefónica prevé el uso masivo de la tecnología ADSL en España y un control público de la información de Internet, según consta en el estudio ´La Sociedad de la Información en España. Perspectiva 2001-2005´, que el director general de Desarrollo de Negocio I+D de la operadora, Antonio Castillo, presentó ayer en Zaragoza, acompañado por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel.
A lo largo de 150 páginas, el libro explica que «el interés por los servicios será mayor que la voluntad de pagar por los mismos» en los próximos cuatro años, señaló Castillo, quien añadió que, paulatinamente, desaparecerá la sensación de inseguridad a la hora de realizar transacciones comerciales en la Red y se utilizará la tecnología móvil para conectarse.
Empresarialmente, las pequeñas y medianas empresas se encontrarán con la dificultad de encontrar personal especializado en Nuevas Tecnologías y todas las empresas tendrán que cambiar la forma de vender, aprovisionarse y modernizar el estilo de dirección. El empleo aumentará y será de mayor calidad, pero más inestable.
Los ciudadanos, según el informe de Telefónica, tardarán en percibir las mejoras introducidas por el uso de las Nuevas Tecnologías, como una alta facilidad para acceder a la información institucional y más rapidez para resolver gestiones administrativas.
El terreno de las infraestructuras estará presidido por el acceso generalizado a la banda ancha, a través de ADSL y UMTS, la combinación de la tarifa plana con otros sistemas de pago basados en el tipo de información que se consume, así como su volumen y velocidad, y el uso de la televisión digital como instrumento de comunicación interactiva.
En cuanto a contenidos, predominarán, según Telefónica, la calidad y la atención al cliente, que permitirán la recuperación bursátil de los mejores valores empresariales especializados en Nuevas Tecnologías. Además, el uso de un idioma, por sí solo, «no decidirá nada». Finalmente, los expertos consultados por la primera empresa de telefonía española no esperan que las Administraciones pongan en marcha ayudas públicas para la compra de terminales.