La Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), ha adjudicado la instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarmas en viviendas de su parque público con el objetivo de prevenir ocupaciones ilegales y garantizar la correcta adjudicación de los inmuebles.
La actuación forma parte del refuerzo de las medidas impulsadas por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad para proteger las viviendas públicas y mejorar la convivencia y la seguridad en estos entornos residenciales.
Sistemas de alarma para prevenir ocupaciones irregulares
Los dispositivos adjudicados consisten en alarmas individuales, sin conexión al suministro eléctrico, que cuentan con enlace directo a una central de seguridad y aviso inmediato a la Policía en caso de intrusión. Estos sistemas permiten actuar de forma rápida ante intentos de ocupación ilegal y suponen un refuerzo significativo de las medidas de prevención.
Una vez que las viviendas protegidas son rehabilitadas y adjudicadas, los equipos de seguridad se reubican en otros inmuebles que se encuentren en proceso de reforma, optimizando así su uso dentro del parque público.
El importe total de la adjudicación asciende a 4.743.200 euros, con una duración de cuatro años, y se estructura en dos lotes. En la provincia de Alicante, 150 sistemas de alarma; y en las provincias de Valencia y Castellón, 150 sistemas adicionales. Al proceso de licitación se presentaron seis empresas, resultando adjudicado el contrato conforme a los criterios establecidos.
Además de la instalación de los sistemas de seguridad, el contrato incluye el mantenimiento de los equipos, su traslado entre viviendas, la reposición por actos vandálicos, la custodia de llaves y un servicio de verificación personal durante todo el periodo de vigencia.
La implantación de estos sistemas de alarma se suma a otras actuaciones desarrolladas por la Generalitat para evitar la ocupación ilegal de viviendas públicas, como la instalación de puertas antivandálicas o la contratación de servicios de seguridad privada en determinados bloques. Estas acciones buscan preservar el parque público de vivienda y facilitar su rehabilitación y adjudicación a familias que cumplen los requisitos legales.