El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado una consulta pública con el objetivo de recabar información y propuestas sobre el futuro proceso de apagado de las tecnologías 2G y 3G en España. La iniciativa está dirigida a operadores, administraciones públicas y otros agentes afectados, y busca garantizar una transición ordenada hacia redes móviles más avanzadas.
Las redes 2G y 3G, implantadas hace más de dos décadas, se encuentran al final de su ciclo tecnológico. Mantenerlas activas supone elevados costes operativos, un mayor consumo energético y limitaciones en capacidad y seguridad frente a las redes actuales. Su apagado permitirá liberar espectro radioeléctrico, principalmente en las bandas de 900 y 2100 MHz, que podrá reutilizarse para reforzar la cobertura y capacidad de las redes 4G y 5G, ofreciendo mayores velocidades, fiabilidad y eficiencia energética.
Hacia una infraestructura móvil más eficiente
La información recopilada a través de la consulta permitirá definir aspectos clave del proceso, como los calendarios de apagado por operador y tecnología, los planes de migración de servicios y dispositivos hacia 4G y 5G, las medidas de comunicación y acompañamiento a los usuarios, así como los indicadores necesarios para monitorizar el proceso y garantizar la continuidad de servicios esenciales como el 112.
Además, el proceso se diseñará poniendo el foco en la protección del usuario, la coordinación territorial y la transparencia. Para ello, se prevé la creación de un grupo de trabajo de seguimiento que coordine la transición con operadores, organismos sectoriales y colectivos especialmente afectados.
La consulta también aborda de forma específica la estrategia de comunicación, incluyendo plazos de preaviso, canales, mensajes y campañas informativas, así como la atención a clientes. Asimismo, se solicitan aportaciones sobre medidas dirigidas a dispositivos y servicios concretos, como eCall, alarmas, ascensores o sistemas de geolocalización, y sobre el impacto en colectivos vulnerables, como personas mayores, usuarios de teleasistencia, personas con discapacidad o residentes en zonas rurales.
España se suma así a otros países europeos que ya están inmersos en el apagado de estas tecnologías. El objetivo final es avanzar hacia una infraestructura digital más moderna, eficiente y sostenible, alineada con las necesidades actuales de conectividad. La consulta pública permanecerá abierta hasta el 20 de enero de 2026.