El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado la adjudicación de 62,1 millones de euros de la Línea Piloto de Fotónica Integrada, una convocatoria cuyo objetivo es fortalecer la soberanía tecnológica europea en el sector de los semiconductores, a cuatro instituciones con reconocida trayectoria en investigación y desarrollo. El programa movilizará en total 124,2 millones de euros, ya que por cada euro aportado por la Administración española, la Comisión Europea aporta la misma cantidad.
La financiación de la Línea Piloto se ha repartido entre instituciones con reconocida trayectoria en investigación y desarrollo. El Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) recibirá, sumando la aportación europea, 46,2 millones de euros, mientras que la Universidad Politécnica de Valencia gestionará un total de 33 millones de euros. Por otra parte, el Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) contará con 30 millones de euros, y la Universidad de Vigo con 15 millones de euros.
Cada una de estas entidades cubrirá fases diferentes del proceso, desde kits de diseño, pasando por la fabricación de chips híbridos, hasta la aceptación de equipos y la integración con tecnologías como la radiofrecuencia y el 5G. Este enfoque permite adaptar la innovación a distintas aplicaciones industriales y tecnológicas.
Línea Piloto de Fotónica Integrada
Esta iniciativa impulsa toda la cadena de valor en fotónica: diseño, fabricación, empaquetado y pruebas de chips. El enfoque principal es no solo lograr autonomía tecnológica, sino ampliar la capacidad industrial y crear nuevos puestos de trabajo dentro del país. La integración de fotónica resultará fundamental para responder a la creciente demanda de soluciones de alto rendimiento y bajo consumo energético.
La Línea Piloto de Fotónica Integrada se despliega en el contexto de la iniciativa Chips Joint Undertaking (Chips JU), financiada conjuntamente por la Comisión Europea y varios Estados miembros. El presupuesto total de este programa asciende a 380 millones de euros y se ejecutará durante cinco años, con España participando como coordinador y absorbiendo en torno al 33% del presupuesto global.