A propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Incorporación de la metodología BIM en los contratos públicos de construcción, incluyendo explotación y conservación, de la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes (sector público estatal).
Elaborado por la Comisión Interministerial BIM, el plan producirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El uso de BIM en la contratación pública persigue un objetivo doble: mejorar la eficiencia del gasto público y servir de palanca para la transformación digital del sector de la construcción.
El Plan BIM establece un calendario progresivo de uso de BIM por los órganos de contratación, comenzando en abril de 2024 por los contratos de alto valor estimado y en niveles de uso de BIM crecientes, cumpliendo con los requisitos de seguridad e interoperabilidad exigibles.
Por otro lado, para facilitar su proceso de implantación coordinado y progresivo, se definen cinco niveles con la descripción de los requisitos para ir progresando de uno a otro. En cuanto al periodo de implantación, este debe concluir en 2030.
Comisión Interministerial BIM
El Plan BIM se alinea con la Estrategia Nacional de Contratación Pública y cuenta con el apoyo de un comité técnico de expertos en la implantación de esta metodología en el sector público y privado. Conforme a lo previsto en él, la Comisión Interministerial BIM tiene un papel facilitador del proceso para su implantación.
Asimismo, está previsto que la Comisión Interministerial BIM lleve a cabo acciones de comunicación, divulgación, elaboración de nuevo material guía y promoción de formación específica sobre BIM en los ámbitos público y privado.