Los expertos reunidos por Telefónica en la mesa redonda “El otro
apagón analógico”, la primera de una serie en la que se
analizarán los resultados del informe “La sociedad de la Información
en España, 2004”, han concluido que el retraso tecnológico
de España y las dificultades para alcanzar la Sociedad de la Información
no se deben tanto a un menor nivel de infraestructuras y equipamientos como
al escaso uso de los servicios y ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.
En este sentido destaca el dato de que casi la mitad de los hogares españoles
son reticentes al uso de las nuevas tecnologías.
Para solucionar este problema los participantes apuestan por tres tipos fundamentales
de medidas:
- La concienciación de ciudadanos, administraciones y empresas de las
ventajas de calidad de vida, eficiencia y productividad que supone el uso
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). - La formación en nuevas tecnologías a todas las edades.
- La necesidad de garantizar la seguridad de las transacciones y gestiones
electrónicas, fundamentalmente a través de mecanismos como la
firma electrónica.
El director general de Relaciones Institucionales y Fundación Telefónica,
Javier Nadal, señaló que España no está en un nivel
óptimo en desarrollo de la Sociedad de la Información y que el
problema “no se encuentra en el apartado de las infraestructuras, en las
que se avanza a velocidad de crucero, sino en su aplicación, su uso y
en el cambio sociocultural necesario para que los usuarios sepan apreciar las
ventajas y transformen su estilo de vida”. Nadal destacó la necesidad
de que todos los agentes económicos y sociales se impliquen en esta tarea
e incidió en el papel fundamental de las Administraciones Públicas
para lograr estos cambios.
Por su parte, el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Rafael Sagrario,
señaló que pese a las evidentes ventajas de “bienestar social
y desarrollo económico” que supone el uso de las TIC, aún
hay muchas personas que no le ven utilidad o que desconfían de las nuevas
tecnologías. Así, Sagrario afirmó que además de
facilitar equipamientos y formación, las Administraciones Públicas
deben ofrecer contenidos útiles a los ciudadanos y garantizar que el
uso de los servicios digitales es más “económico, fácil
y rápido”, además de seguro.
Entre las propuestas de Sagrario para llevar “el apagón analógico”
a la Administración figura el impulso a la firma digital y la eliminación
de las facturas en papel, sustituidas por documentos electrónicos.
Por su parte, Reinaldo Rodríguez Illera, cuyo nombramiento como nuevo
presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
fue anunciado el pasado martes, afirmó que España “todavía
tiene un retraso importante en el uso y aplicación de las principales
tecnologías de la información” e insistió en que
de no mejorar esta situación, nos jugamos “nuestra productividad
y la capacidad de crecer en el futuro”.
El moderador de la mesa redonda, José Luis Sanz Villegas, director de
Sociedad de la Información de Telefónica Soluciones, incidió
en que la principal barrera que encuentran los ciudadanos para entrar en la
llamada Sociedad del Conocimiento es “la falta de formación y la
falta de capacidad para utilizar estos servicios”. Por ello, reclamó
que se difundan las ventajas de la Sociedad de la Información para motivar
a los ciudadanos y que decidan participar en los numerosos procesos de formación
existentes.
En la misma línea se manifestó el director general de Red.es,
Ramón Palacio, quien manifestó que “casi la mitad de los
hogares españoles son reticentes al uso de las nuevas tecnologías,
por un concepto cultural que entiende que su uso deshumaniza a la persona”.
Palacio afirmó que para que se produzca un ‘apagón analógico’
de la Administración es preciso garantizar la accesibilidad, los derechos
de los ciudadanos y la competitividad empresarial.
En este sentido, dijo que actualmente existe una brecha digital geográfica
y otra cultural. Mientras la geográfica se está solucionando con
la extensión de infraestructuras y equipos tecnológicos por todo
el territorio nacional, estimó que la cultural es mucho más difícil
de erradicar. “Nos encontramos con una sociedad que no reacciona con entusiasmo
ante los cambios en el uso de estas vías de comunicación”,
explicó.
El director de CERES (Proyecto Certificación Española) de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Diego Hernández, profundizó
en los beneficios que comporta el uso de la firma electrónica, fundamentalmente
reducción de costes, seguridad, mejora de la calidad de servicio, acercamiento
al ciudadano, eliminación de desplazamientos y tiempos de espera. Asimismo,
explicó que actualmente hay más de 700.000 ciudadanos con certificado
electrónico activo y señaló que CERES presta cobertura
a 14 Comunidades Autónomas, 25 Diputaciones o Cabildos, 5.400 Ayuntamientos
y 13 Ministerios.
En otro orden de cosas, el viceconsejero de Asistencia e Infraestructuras Sanitarias
de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, explicó las ventajas que las
nuevas tecnologías aportan a la atención sanitaria. Así,
expuso los principales proyectos que en este ámbito está desarrollando
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid: registro unificado
de pacientes en lista de espera quirúrgica, informatización de
los más de 400 centros de atención primaria, historiales clínicos
electrónicos, cita previa centralizada y receta electrónica, entre
otros.
En el ámbito de la Educación, considerado prioritario para el
desarrollo de la Sociedad de la Información, el director del Centro Nacional
de Información y Comunicación Educativa (CNICE) del Ministerio
de Educación y Ciencia, Mariano Segura Escobar, afirmó que las
infraestructuras y conectividad son fundamentales, “pero que si el profesor
no actúa, no tiene las herramientas informáticas y los materiales
didácticos adecuados”, la inversión sirve de poco. Por ello,
destacó el esfuerzo de CNICE por dar formación, servicios y contenidos
de utilidad que garanticen el buen uso de los equipamientos.
Por último, la directora general de Relaciones con la Administración
de Justicia y Política Interior de la Comunidad de Madrid, María
José Pérez-Cejuela, repasó el papel de las nuevas tecnologías
en el Plan de Modernización de la Justicia puesto en marcha por la Comunidad
de Madrid. Entre las medidas adoptadas, destacó el cableado de todas
las sedes judiciales, la instalación de 6.500 equipos informáticos,
la dotación de ordenadores portátiles para jueces y fiscales,
la implantación de un sistema de grabación digital, la modernización
de los sistemas de información judicial y la reducción del uso
del papel gracias a la tramitación electrónica de muchos expedientes.