El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto una consulta pública para recabar aportaciones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la propuesta de Ley Europea de Chips 2.0 de la Comisión Europea, una revisión orientada a reforzar la autonomía de la Unión Europea en semiconductores avanzados y la resiliencia de su cadena de suministro.
El proyecto normativo da continuidad a la Ley Europea de Chips, o Chips Act, aprobada en 2023, y se integra en el Paquete de Soberanía Digital de la UE, presentado el 3 de junio. Este paquete busca contribuir a una economía digital europea más competitiva, segura y resistente ante dependencias externas y perturbaciones de mercado.
Revisión de la Ley Europea de Chips
La primera Ley de Chips constituyó la respuesta coordinada inicial de la UE ante las vulnerabilidades detectadas en la cadena mundial de suministro de semiconductores. Sin embargo, análisis estratégicos como el Informe de Competitividad Digital Europea, la Comunicación sobre la Política Industrial y la evaluación de la Ley de Chips 1.0 han señalado la conveniencia de actualizar el marco vigente.
La revisión identifica dos retos principales. Por un lado, la Unión Europea mantiene una dependencia significativa de terceros países en actividades críticas como el diseño y la fabricación de semiconductores. Por otro lado, las capacidades europeas de preparación frente a crisis siguen siendo insuficientes, en un contexto en el que la producción comunitaria es limitada y está concentrada geográficamente.
La propuesta de Ley Europea de Chips 2.0 incorpora medidas destinadas a impulsar la producción y la industrialización, reforzar la investigación y la innovación, garantizar la seguridad del suministro y aumentar la resiliencia de la cadena de valor de los semiconductores en la UE. Además, introduce un mayor énfasis en el estímulo de la demanda de chips entre los países europeos, complementando el enfoque de la primera norma, más centrado en la oferta.
Inversión, empleo y participación española en semiconductores
La evaluación de la Chips Act original arroja un balance positivo en términos de movilización de recursos y desarrollo del ecosistema europeo. A escala comunitaria, la norma ha contribuido a activar más de 52.000 millones de euros en inversión pública y privada, ha generado alrededor de 46.000 empleos directos e indirectos y ha reforzado la capacidad europea de investigación e innovación en semiconductores.
España ha participado en el despliegue de la primera Ley Europea de Chips a través de proyectos estratégicos e inversiones en el sector. Entre las actuaciones destacadas figuran su intervención en las líneas piloto europeas de fotónica integrada y chips cuánticos, impulsadas en el marco de la Empresa Común de Chips.
También se incluyen inversiones de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, SETT, en iniciativas consideradas estratégicas. Entre ellas se encuentran el futuro Centro de Desarrollo e Innovación en Microelectrónica que gestionará IMEC en Málaga, la ampliación de las actividades de Diamond Foundry en España para fabricar componentes de microchips y la entrada en el capital de la empresa española de microelectrónica Openchip y de las compañías de fotónica Sparc y Attypic, entre otras operaciones.