La Unión Europea ha dado un nuevo paso en la configuración de su marco regulatorio sobre inteligencia artificial tras el acuerdo provisional alcanzado entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo para ajustar la Ley de Inteligencia Artificial. La reforma, incluida en el paquete Omnibus VII, busca reducir costes administrativos para las empresas, ofrecer una mayor protección para los niños y proteger la soberanía digital.
Más allá de una simple actualización normativa, el acuerdo introduce una reconfiguración del modelo de aplicación de la Ley de IA, con cambios en plazos, supervisión, definición de riesgos y coordinación entre autoridades europeas y nacionales.
Más control sobre los usos de riesgo y nuevas prohibiciones
La reforma refuerza el enfoque preventivo de la Ley de IA frente a usos considerados especialmente sensibles. Entre las nuevas medidas destaca la prohibición de sistemas capaces de generar contenido sexual explícito o material de abuso infantil sin consentimiento, incluidos aquellos generados mediante manipulación de imágenes, audio o vídeo.
Estas herramientas quedan prohibidas tanto en su comercialización como en su uso dentro del mercado europeo. Además, se exige a los proveedores incorporar mecanismos de seguridad para evitar usos indebidos, incluso cuando el sistema no haya sido diseñado específicamente para ello.
Las empresas dispondrán hasta diciembre de 2026 para adaptar sus sistemas a estas nuevas obligaciones.
Mayor claridad sectorial
Otro de los ejes de la reforma es la simplificación del marco normativo. La Ley de IA reducirá duplicidades con la legislación sectorial en ámbitos como maquinaria, dispositivos médicos o productos industriales regulados por normas de seguridad.
En estos casos, se priorizará la normativa específica del sector, evitando que las empresas deban cumplir simultáneamente múltiples marcos regulatorios con requisitos similares.
Asimismo, se redefine la clasificación de componente de seguridad para evitar que sistemas de IA que solo asisten al usuario o mejoran el rendimiento sean considerados automáticamente de alto riesgo si no implican un peligro real para la salud o la seguridad.
Un calendario más gradual
Uno de los principales cambios afecta al ritmo de aplicación de la normativa. Las obligaciones para los sistemas de IA considerados de alto riesgo se aplicarán de forma escalonada: desde diciembre de 2027 para sistemas independientes y desde agosto de 2028 para aquellos integrados en productos regulados por normativa sectorial.
Además, se amplía el margen de adaptación para los proveedores al retrasar hasta diciembre de 2026 la implementación de medidas de transparencia, como el marcado de contenidos generados por inteligencia artificial.
Este enfoque pretende evitar tensiones en la aplicación inmediata de la Ley de IA y facilitar la adaptación progresiva de empresas y administraciones.
Innovación empresarial
La reforma también introduce un enfoque más flexible para el tejido empresarial europeo. Se amplían exenciones regulatorias para pequeñas y medianas empresas, así como para compañías de tamaño intermedio, con el objetivo de reducir barreras de entrada y favorecer el desarrollo del ecosistema europeo de inteligencia artificial.
Este ajuste busca equilibrar la exigencia normativa con la necesidad de impulsar la competitividad en un sector en rápida evolución.
En paralelo, el acuerdo refuerza el papel de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que asumirá mayores competencias en la supervisión de modelos de uso general. También se clarifica la distribución de funciones entre autoridades nacionales y europeas en áreas sensibles como seguridad, justicia, control fronterizo o servicios financieros. El objetivo es reducir la fragmentación regulatoria dentro de la UE y avanzar hacia un sistema de supervisión más coherente y coordinado.
Además, se introducen mecanismos para mejorar la coherencia entre la Ley de IA y la normativa industrial europea, especialmente en productos sometidos a requisitos técnicos de seguridad.
El acuerdo provisional deberá ser ratificado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo antes de su aprobación definitiva. Posteriormente, el texto será sometido a revisión jurídico-lingüística antes de su entrada en vigor en los Estados miembros.