La Junta de Castilla y León, junto con las diputaciones provinciales, ha puesto en marcha un proyecto de digitalización del ciclo del agua con una inversión de 38,7 millones de euros. La iniciativa contempla la instalación de 174.850 contadores inteligentes en 244 municipios de la Comunidad, así como el despliegue de una plataforma tecnológica avanzada para la gestión y telelectura del consumo de agua. El proyecto está cofinanciado con fondos europeos, en el marco del programa NextGenerationEU.
La actuación será gestionada por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), y se trata de una de las mayores iniciativas de este tipo en España, orientada a la renovación integral de los sistemas de medición mediante tecnología ultrasónica inteligente y conectividad IoT.
Tecnología y funcionamiento
Los nuevos contadores operarán mediante estándares de comunicación como NB-IoT, LoRaWAN, Wireless M-Bus, LTE-M o 5G, permitiendo la monitorización continua del consumo, la detección temprana de fugas y fraudes, y la optimización de las redes de abastecimiento. Los datos se gestionarán a través de una plataforma digital interoperable de código abierto, accesible tanto para los ayuntamientos como para los usuarios finales mediante un portal web.
El proyecto contempla una primera fase de seis meses para implantar la red de comunicación, la plataforma y el 25% de los contadores. La instalación completa y validación del 100% de los dispositivos se realizará en un plazo de 24 meses. Además, se incluye el mantenimiento y soporte del sistema durante 12 años y seis meses.
Financiación y colaboración institucional
La iniciativa se financia a través de los Fondos FEDER y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del ciclo del agua. La actuación se suma a los protocolos firmados entre la Junta y las nueve diputaciones provinciales, con un presupuesto total de 90 millones de euros, repartido en un 60% por la Junta, un 20% por las diputaciones y un 20% por los ayuntamientos.
Se espera que la modernización de los contadores y la digitalización de la gestión reduzcan las pérdidas de agua en las redes en torno al 30% y aumenten la recaudación municipal hasta un 25%, fomentando un uso más responsable del recurso hídrico y la sostenibilidad económica de los servicios de abastecimiento.