El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto una consulta pública para recabar la opinión del sector y de los colectivos afectados sobre la actualización del servicio universal de telecomunicaciones. El objetivo de esta consulta es avanzar en el desarrollo normativo que permitirá adaptar el servicio universal a la evolución tecnológica, económica y competitiva del mercado.
El Ministerio también recuerda que el servicio universal incorpora condiciones específicas para colectivos vulnerables y personas con discapacidad, reforzando así la protección de los usuarios más sensibles.
Novedades de la actualización
Entre las principales novedades a desarrollar destaca la obligación, marcada por la Ley General de Telecomunicaciones de 2022, de que todos los operadores ofrezcan tarifas asequibles a consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales, en condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias.
El servicio universal asegura a toda la ciudadanía el acceso a determinados servicios básicos, como la telefonía fija y la conexión a Internet de banda ancha en ubicación fija, a un precio asequible y con independencia del lugar de residencia. Asimismo, la propia ley prevé que se pueda modificar la velocidad mínima de acceso a internet de banda ancha, que en estos momentos es de 10 Mbps, dada la evolución tecnológica del mercado.
Pese a que el servicio universal se rige actualmente por el Real Decreto 424/2005, la actualización normativa se considera necesaria para integrar las novedades legislativas recientes y responder al rápido avance del mercado digital.
La consulta pública estará abierta hasta el miércoles 3 de diciembre de 2025, periodo durante el cual ciudadanos, operadores y organizaciones podrán presentar sus aportaciones.