La Comisión Europea ha difundido nuevas directrices sobre las responsabilidades que recaen en los proveedores de modelos de inteligencia artificial (IA) de propósito general, en relación con la Ley de IA de la Unión Europea. Estas reglas, centradas en legalidad, cumplimiento y derechos de autor en inteligencia artificial, buscan ofrecer mayor claridad a las empresas tecnológicas y profesionales de la cadena de valor sobre cuándo y cómo deben ajustarse a estas exigencias regulatorias.
Este conjunto de directrices se integra en un panorama más amplio, ya que responde a la inminente entrada en vigor, el 2 de agosto de 2025, de la normativa específica para proveedores de modelos de IA de propósito general en toda la UE. Además, complementan el Código de Prácticas de IA de Propósito General.
Los modelos de IA de propósito general tienen un rol estratégico en el impulso a la innovación tecnológica y la integración de la inteligencia artificial en diferentes sectores. Estos modelos se caracterizan por su flexibilidad para cubrir tareas variadas y servir como base para muchos sistemas de IA desarrollados en la región, lo que convierte a sus proveedores en sujetos de obligaciones específicas según la Ley de IA europea.
Obligaciones para proveedores de modelos de IA de propósito general
Los proveedores de modelos de IA de propósito general deben cumplir con una serie de requisitos legales. Entre las responsabilidades, destaca la necesidad de proporcionar la información esencial a los proveedores de sistemas de inteligencia artificial interesados en integrar estos modelos en sus propias plataformas. También se exige establecer mecanismos que garanticen el respeto a la normativa europea en materia de derechos de autor.
Existen obligaciones adicionales para los proveedores cuyos modelos de IA de propósito general sean considerados de alto impacto o riesgo sistémico. Estos riesgos incluyen posibles afectaciones a derechos fundamentales, cuestiones de seguridad o la eventual pérdida de control sobre el funcionamiento del modelo. Para este tipo de modelos avanzados, la Ley de IA introduce medidas de evaluación y mitigación de riesgos, que serán supervisadas por los organismos reguladores europeos.
La guía publicada detalla los criterios para determinar el alcance de las obligaciones y a quiénes van dirigidas. Se pone especial atención en los modelos entrenados con recursos de computación superiores a 10^23 operaciones de punto flotante y la capacidad de estos sistemas para generar contenido de texto, audio, imágenes o vídeo. Además, se puntualiza el concepto de proveedor y cuándo una entidad que realiza modificaciones sobre el modelo original adquiere esta condición jurídica.
Por otra parte, las directrices aclaran las circunstancias bajo las cuales los proveedores que distribuyan modelos de IA de propósito general bajo licencias abiertas o software libre, y cumplan con criterios de transparencia, podrían beneficiarse de exenciones en algunas de sus obligaciones.
El conjunto de recomendaciones también aborda el proceso de cumplimiento normativo y explica las implicaciones para aquellos proveedores que decidan sumarse e implementar el Código de Prácticas de IA de Propósito General.
Aplicación de las directrices
Las obligaciones establecidas en el marco de la Ley de IA se aplicarán formalmente a partir del 2 de agosto de 2025. A partir de esta fecha, los proveedores de modelos de IA de propósito general que comercialicen sus sistemas en el mercado europeo deberán ajustarse a los requerimientos definidos por la regulación. Quienes operen modelos considerados de riesgo sistémico tendrán la obligación adicional de notificarlo sin demora a la Oficina de IA de la UE.
Durante el primer año de vigencia, la Oficina de IA mantendrá una colaboración estrecha con las empresas y organizaciones, en particular con aquellas que adopten el Código de Prácticas, para facilitar la transición normativa. Las competencias de supervisión y aplicación de sanciones por parte de la Comisión Europea serán efectivas a partir del 2 de agosto de 2026.
Por último, las empresas que ya ofrezcan modelos de IA de propósito general en el mercado antes del 2 de agosto de 2025 tendrán hasta el 2 de agosto de 2027 para adaptar sus operaciones a las disposiciones de la Ley de IA.