El servicio universal de telecomunicaciones garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a una serie de servicios básicos de telecomunicaciones, con independencia de su localización geográfica o situación económica. En 2022, este servicio tuvo un coste de prestación de 5.383.371 euros, según la estimación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que supone un 11,5% menos que el año anterior. El operador designado para prestar este servicio durante ese año fue Telefónica de España.
Tal como se hizo en el coste neto del servicio universal (CNSU) 2021, el coste neto de zonas no rentables correspondiente a 2022 ha sido ajustado respecto del valor presentado por Telefónica, con el fin de incorporar el proceso de desmantelamiento de su red de cobre. Este ajuste permite reflejar de mejor manera el coste para Telefónica de proveer la conexión a la red desde una ubicación fija, el servicio telefónico y la conectividad a Internet a 1 Mb/s en zonas no rentables desde todo el territorio.
Además, se ha mejorado el cálculo del abono social al separar los clientes por tecnologías (cobre, fibra y radio), lo que permite una estimación más precisa del coste real soportado por Telefónica al ofrecer este servicio a jubilados y pensionistas con bajos ingresos.
Disminución del coste de prestar el servicio universal
En 2022, el coste de prestar el servicio universal de telecomunicaciones disminuyó respecto al año anterior (8,6 millones en 2021) debido principalmente a la eliminación del componente de cabinas, que dejó de formar parte del servicio universal a partir del 31 de diciembre de 2021. El coste neto del resto de componentes pasó de 6,08 millones en 2021 a 5,38 millones de euros en 2022, lo que representa una reducción del 11,5%.
La Ley General de Telecomunicaciones establece que el servicio universal se financia por los operadores de telecomunicaciones con ingresos anuales superiores a 100 millones euros. Por ello, la CNMC también determinará, en un nuevo expediente, las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal.
La CNMC está trabajando en una nueva metodología de cálculo del coste de prestar el servicio universal que se adaptará al marco normativo introducido por la Ley General de Telecomunicaciones de 2022. Esta metodología se aplicará a partir del ejercicio 2023.