Según el Análisis cuantitativo de las ayudas públicas para el despliegue de redes de banda ancha en España (EI/01/2022), publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), España subvencionó con 344 millones de euros el despliegue de banda ancha entre 2013 y 2020 en más del 40% de municipios españoles (3.500), con un peso predominante del despliegue de redes de fibra óptica.
Durante los ocho años analizados, el número de municipios con fibra óptica se multiplicó por 15 -pasando de 270 a 4.000-, entraron nuevos operadores en el mercado y los consumidores tuvieron más ofertas a su disposición.
En 2020, el 91% de los municipios contaba con dos o más compañías que ofrecían fibra óptica. Telefónica, a pesar de tener el mayor número de accesos activos, perdió 12 puntos de cuota de mercado desde 2013.
Reparto de ayudas y brecha digital
Centradas en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes, las ayudas públicas han facilitado que la banda ancha llegue a las zonas menos conectadas de España, donde los operadores no tienen incentivos para invertir.
Entre 2013 y 2020, las comunidades autónomas con menos accesos activos de fibra óptica (como Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha o Castilla y León) fueron las que más ayudas recibieron. Telefónica fue el operador que ejecutó más proyectos de ayudas (42%), seguido de Orange y MásMóvil, con un 7% cada uno.
La Comisión Europea ha subrayado en sus últimos informes la brecha digital que existe todavía entre las zonas urbanas y rurales de España. En 2020, 4.167 municipios carecían de accesos activos de fibra óptica, de los cuales el 92% tenían menos de 1.000 habitantes.
En los últimos años, se han puesto en marcha varios programas nacionales y autonómicos de ayudas para eliminar la brecha digital entre las zonas rurales y las urbanas, como el programa Unico.
Recomendaciones para el impulso de la intervención pública
La CNMC insiste en varios puntos para que la intervención pública en los programas de ayudas al despliegue de banda ancha sea más eficaz, como la coordinación de la actuación de las administraciones nacional y autonómicas para evitar solapamientos y duplicidades; así como perseguir el efecto incentivador de las ayudas públicas, de modo que impulsen cambios de comportamiento de la inversión privada.
Además, recomienda fomentar el efecto procompetitivo de las subvenciones y la neutralidad tecnológica, aprovechando las infraestructuras existentes, e imponiendo condiciones de acceso de terceros a las redes subvencionadas; y extender la cultura de evaluación a posteriori de los programas de ayudas públicas.