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Las operadoras de Telecomunicaciones (REDTEL) rechazan la tasa para financiar la televisión pública.

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Las operadoras de telecomunicaciones califican la eventual nueva carga fiscal a la que se pretende someter al sector de dañina e injusta. Tras la reunión mantenida esta tarde con la vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, quien les ha informado sobre este nuevo tributo destinado a la financiación de la televisión pública, sobre el cual las empresas asociadas en Redtel no tenían ni habían mantenido ninguna información o contacto previo, Redtel manifiesta su oposición a esta medida: El sector ya soporta en exclusiva impuestos específicos que suman 568 MM€ al año (socios de REDTEL en 2007). Esta carga fiscal se ha incrementado significativamente en los últimos 7 años y es sensiblemente superior a la de otros sectores económicos estratégicos (energía, financiero).

Además, las operadoras de telecomunicaciones titulares de redes soportan el coste de asumir las obligaciones de servicio público, como es el servicio universal de telecomunicaciones, cuya cuantía ha oscilado entre los 70 y los 120 MM€ anuales en los últimos años y otras obligaciones como la conservación de datos, los servicios de emergencia, etc. Es injusto y difícilmente explicable que los operadores de telecomunicaciones tengan, además, que financiar un modelo determinado de televisión pública que opera en otro mercado distinto, como es el audiovisual.

La expulsión de un agente como la televisión pública del mercado de publicidad reportará a las cadenas privadas importantes ingresos adicionales. En cambio, los operadores de telecomunicaciones no se van a ver beneficiados por el incremento de demanda de espacios publicitarios puesto que, como es conocido, Isus servicios audiovisuales se prestan bajo régimen de pago, no es emisión en abierto financiada por publicidad.

A juicio de las operadoras agrupadas en Redtel, lo lógico sería que los radiodifusores beneficiados por la desaparición de la publicidad en la televisión pública, fueran quienes hagan un esfuerzo para financiar este servicio público. Por el contrario, resulta incomprensible que los operadores de telecomunicaciones, sector que no tiene nada que ver con el mercado publicitario en televisión y por tanto no se verá beneficiado, acabe financiando el cambio de modelo.

Asimismo, los socios de Redtel consideran que esta eventual nueva tasa, por lo que se sabe de la misma y ha trascendido, tendría muy difícil cabida en el vigente Derecho de las Telecomunicaciones, ni en el europeo, ni tampoco en el español.

El sector de las telecomunicaciones es netamente inversor (5.000 millones de euros anuales): pretender gravarlo aún más en el contexto económico actual es contrario a los intereses de las operadoras pero, sobre todo, del país y de los propios usuarios. Cualquier aumento de costes de tipo artificial y exógeno genera un alto riesgo de aumento de precios para los usuarios finales, algo especialmente injusto si, como es este el caso, dicho sobre-coste se produce por el deseo de que las empresas directamente beneficiadas por la reducción de publicidad en la televisión pública no asuman sus responsabilidades de servicio público.

Además, el sector de telecomunicaciones se enfrenta actualmente a necesidades de inversión muy importantes para desplegar las redes de banda ancha que deben soportar el desarrollo de la Sociedad de la Información, y ayudar a un cambio de modelo de crecimiento de nuestro país, aumentando la productividad y competitividad del resto de sectores, con objeto de salir de la crisis.

Oposición de Redtel al nuevo tributo Las operadoras de telecomunicaciones miembros de Redtel expresan igualmente su rechazo a que se dediquen parte de los ingresos fiscales que paga el sector por la tasa del espectro radioeléctrico a financiar la televisión pública. Dichos ingresos proceden fundamentalmente de los operadores de telecomunicaciones, un terreno al que la televisión pública es ajena. En síntesis, los socios de Redtel se oponen tanto a que se incremente la presión fiscal del sector de las telecomunicaciones, como a que se utilicen los ingresos fiscales procedentes de este sector para subvencionar a otro. Si esto finalmente ocurriese se estaría poniendo de manifiesto una fuerte contradicción entre el discurso oficial de apoyo al sector de las comunicaciones electrónicas como motor de crecimiento y productividad y la realidad derivada de las decisiones que se adoptan en la práctica. Los operadores considerarán las opciones jurídicas más oportunas, tanto en el plano interno como en el comunitario , para la defensa de sus legítimos intereses.

Por último, los operadores asociados en Redtel desean poner de manifiesto su voluntad reiterada de diálogo con las administraciones públicas y su oferta continua de propuestas y medidas que favorezcan y promuevan el desarrollo de las nuevas tecnologías y la Sociedad de la Información en nuestro país.

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